La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha avalado la Ley de Geolocalización que facultará a la Procuraduría General de la República (PGR) para ubicar teléfonos celulares de personas vinculadas con delitos y sin necesidad de una orden judicial.

Cinco ministros estuvieron de acuerdo en que la ley no viola el derecho de intimidad, y por lo tanto, no hace falta que el Ministerio Público solicite autorización judicial en caso de requerir localizar celulares de personas involucradas en delitos como secuestro, extorsión, narcotráfico y amenazas. Sin embargo otros tres ministros también votaron a favor de que la Corte fijara los criterios para evitar abusos por parte de las procuradurías. Finalmente tres ministros más mantuvieron su postura sobre la inconstitucionalidad de la ley.

El ministro Sergio Valls -quien votó en contra de la ley al igual que Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío- señaló que la única manera de evitar un exceso o uso indebido por parte de la autoridad es proteger los derechos humanos y garantizar un control judicial.

Por su parte los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Fernando Franco dieron su aprobación a la norma en el sentido de declararla constitucional, pero se apartaban de las resoluciones donde no se fijaron los lineamientos específicos para evitar el exceso por parte de Ministerios Públicos.

Para el resto de los ministros Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Alberto Gelacio Pérez Dayán así como el ministro presidente Juan N. Silva Meza, señalaron que en la ley se especifica claramente que las Procuradurias pueden usar este recurso sólo en casos de delitos graves, mientras que en caso de existir una violación a los derechos humanos, esta tiene justificación en aras de una rápida y eficaz acción por parte del Ministerio Público para hacer su trabajo y perseguir a los responsables de un delito.

Cabe señalar que la PGR no está facultada para intervenir llamadas o mensajes si no existe una autorización previa de un juez.

Fuente: La jornada

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